Comunicado de Prensa -Ante la inminente venta judicial del Espacio Cultural Pompeya-

COMUNICADO DE PRENSA: Ante la inminente venta judicial del Espacio Cultural Pompeya
Ciudad de Buenos Aires, 06 de noviembre de 2014
El espacio cultural donde hace más de 10 años se viene construyendo de manera colectiva y conviven distintos proyectos educativos, culturales, sociales y políticos, desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega acompañamos a “Pañuelos en Rebeldía” Equipo de Educación Popular, al Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos y la Familia afectada, realizando una presentación legal, el día 3 de noviembre de 2014, con el objetivo de suspender en forma inmediata el remate del Espacio Cultura Pompeya.
La decisión del juez comercial Alberto Alemán, titular del juzgado comercial Nro 1, de ordenar la venta forzosa del inmueble, genera como consecuencia la vulneración de derechos humanos fundamentales tales como el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación, a la cultura, a la asociación. Y en particular a la protección integral de los/as niños/as que habitan junto con su familia el espacio.
La eventual subasta del inmueble, y su consiguiente desalojo significaría una afectación grave del acceso a una vivienda para la familia ya que serian despojados del hogar que construyeron durante 10 años, lo que frustraría no solo su proyecto de vida, sino que quedarían en situación de calle.
De igual forma advertimos, el grave incumplimiento por el juez que no dio intervención a los organismos competentes para garantizar el derecho de los/as niños/as (Consejo de. Derechos de los niños, niñas y adolescentes, defensoría de menores), lo que pone en evidencia que se priorizan los intereses económicos de un acreedor bancario (Banco Provincia) por sobre la protección Integral que merecen los niños /as, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación nacional.
Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega también denunciamos que el eventual remate del Espacio pondría en serio riesgo la continuidad de los proyectos educativos, culturales y políticos que desde hace 10 años de manera ininterrumpida realizan “Pañuelos en Rebeldía” Equipo de Educación Popular,  Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Biblioteca Popular Rosa Lamorte, Comisión por la Memoria de los desaparecidos de Pompeya: "Pompeya no Olvida” y el Centro Cultural Pompeya.
Es tal la importancia del trabajo realizado por las organizaciones que participan en el Espacio Cultural Pompeya que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tratando un proyecto para declararlo de interés cultural, así como un proyecto de ley para expropiar el inmueble, lo cual permitiría la continuidad del uso social y comunitario del lugar.
Convocamos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas a manifestar su preocupación y participar activamente, repudiando las medidas  judiciales que pretenden privatizar espacios autogestionados como el Espacio Cultural Pompeya  que ha sido recuperado a través de la lucha y la organización popular.
Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega (en COB La Brecha)
Fb: la ciega


Ante el brutal desalojo de 130 familias en Longchamps (Alte. Brown)

El día 30 de abril, vecinos y vecinas del Barrio 14 de febrero de Longchamps, fueron desalojados brutalmente por personal policial de la Comisaria 4º sin orden judicial, dejando un saldo de 3 detenidos, una docena de heridos, y 130 familias sin tierra para vivir. Los vecinos/as fueron atacados con balas de goma, gases lacrimógenos, e incluso balas de plomo, sufrieron amenazas, y el incendio de casillas y mercadería. Los periodistas y reporteros gráficos presenten fueron víctimas de un particular hostigamiento hacia ellos/as, llegando a la detención de una fotógrafa y al destrozo de su automóvil.

Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega participamos en la formulación de la denuncia penal que el día 6 de mayo los vecinos presentaron ante la UFI 12 de Lomas de Zamora (Juzgado de Garantías nº 6, IPP 27242/14). Asimismo presentamos una denuncia en la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Estas acciones se emprenden con el objeto de visibilizar el brutal accionar policial contra los más humildes, así como también luchar contra la impunidad con la que el poder judicial suele amparar a las fuerzas represivas.

Convocamos a todos los organismos de Derechos Humanos a manifestar su preocupación, repudiar los hechos sucedidos, exigir la investigación y sanción a los responsables, ante la UFI 12. Ponemos a disposición la denuncia que se ha presentado. Asimismo convocamos a adherir a la solicitada que se pega a continuación.

Más información:

Entre Jueces no hay cornadas (Sobre la no destitución del Juez Pedro Federico Cornelio Hooft):

El desenlace vergonzoso que presenciamos el día lunes 28 de abril desde la vereda de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se preanunciaba desde las primeras audiencias.

Juan Carlos Hitters, el presidente del Jury de enjuiciamiento al actual Juez Pedro Federico Cornelio Hooft, le permitió sistemáticamente a su defensor Héctor Granillo Fernández (Docente de la UNLP) realizar preguntas revictimizantes a familiares y a víctimas directas. Por otra parte ya es costumbre verlo defendiendo genocidas con estas formas que  superan largamente el ejercicio material de una defensa. 

Recordemos que en esta ciudad Granillo defendió al médico Corsi condenado en la causa en la que se investigaron los crímenes cometidos en la Unidad 9 durante la última Dictadura cívico militar por las torturas seguidas de muerte de Alberto Pinto.

Un ejemplo de esto se dio luego de 5 horas de declaración de Marta García de Candeloro sobre sus seis meses en un centro clandestino de detención. Granillo inició su interrogatorio, preguntándole a Marta García de Candeloro: “Señora, en el corto lapso que estuvo detenida?..." , para luego poner en duda lo dicho o no dicho por ella en su declaración en el juicio a las juntas. Hace falta explicarle a estos abogados qué tiempos se vivían en el 83 en nuestro país? Evidentemente sí.

En esa audiencia Marta relató vívidamente – como lo ha hecho en infinidad de oportunidades - su  encuentro con Hooft en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata y,  como tantas veces, resumió que “al escuchar los pasos del juez que se retiraba sintió que eran los pasos de la justicia los que se marchaban”. Seguramente  el día 28 de abril sintió esos mismos pasos marchándose nuevamente.

De once miembros, sólo dos votaron por la destitución. El diputado Sciolista Lorenzino Matta fiel a la fuerza que representa, prefirió no decir nada, y sencillamente retirarse del juicio en las primeras audiencias sin dar mayores explicaciones para ir a intentar – en otro frente- horadar la lucha de los docentes que por esos días daba pasos decisivos.

Aunque hay que poner de resalto que entre los votos absolutorios están el de Héctor Luis Vitale (Senador del Frente Renovador) y Abel Eduardo Buil (Diputado del FAP). Debemos recordar que Lorenzino Matta forma parte de la misma fuerza que dio los únicos dos votos por la destitución.

En el día de ayer conjueces y abogados de la matricula se abroquelaron en una forma de contar la historia que no debemos considerar superada. La teoría de los dos demonios sigue vigente y ahí están sus creadores listos para salir a defenderla en la primera oportunidad que tengan. 

Así lo hizo el ex Fiscal Strassera en este Juicio, alegando de manera prematura a favor de Hooft y así lo hicieron todos los miembros en una abrumadora mayoría que en los términos de sus votos excedieron largamente el objeto del Jury, aportando incluso argumentos propios de la defensa en la causa penal.

Recordemos que Hooft aun sigue siendo investigado penalmente por la justicia federal en vinculación con la sucesión de detenciones ilegales ocurridas en Mar del Plata en julio de 1977, de las cuales, entre otrxs, resultaron víctimas los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Carlos Bozzi, Tomás Fresneda, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Jorge Candeloro y Marta García de Candeloro; y que es recordada como La Noche de las Corbatas, por ser en su mayoría abogados laboralistas, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, que no dudaron en presentar Habeas Corpus a favor de compañerxs desaparecidxs. 

Aquella noche fue también un mensaje de la Dictadura cívico militar para todxs los abogadxs que lucharon y este fallo deja ese mensaje vigente.

Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, repudiamos este vergonzoso proceso y su resultado, entendiendo que representa un nuevo mensaje a todxs lxs que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy.

Reivindicamos la lucha de lxs abogadxs que pelearon y pelean por un mundo más justo, por una sociedad construida por y para lxs de abajo.

Sobre inseguridades y linchamientos.

 Nota para la edición  del 1° de Mayo de la revista ABRE BRECHA. Por el colectivo de Abogadxs populares la ciega. 


 “No hay peor fascista que un burgués asustado”

 Bertolt Bretch.



En los últimos días tomó centralidad, nuevamente, una feroz campaña en contra de la “inseguridad”, y como siempre, no hablamos de cualquier inseguridad sino de aquella que pareciera que sólo puede tomar relevancia en un sistema capitalista en el cual se pone por delante la propiedad privada a la vida humana.  No existe otra razón que ésta para entender el fenómeno que los medios masivos de desinformación denominaron “linchamientos”  que surge, casualmente, en un contexto en el que está a flor de piel en sectores de clase media (o “vecinxs bien”) una sensación de miedo e indefensión producto del discurso de sectores políticos conservadores que se oponían al anteproyecto de reforma del Código Penal. Estos sectores con eslóganes simplistas y falsos instalaron la idea de que se buscaba beneficiar a lxs delincuentes frente a un Estado que permanecía inerte ante ello. 
La muerte de David Moreira, en Rosario, después de una feroz golpiza a manos de una turba de supuestos “vecinxs comunes indignados por la inseguridad” es el ejemplo más doloroso de una sociedad de consumo en donde el odio hacia quienes atentan contra la propiedad privada llega a niveles inimaginables.
La actitud de estas hordas linchadoras reproduce y multiplica absolutamente la reacción del “burgués asustado”… por miles. Es fascismo y barbarie en su más puro estado. Existe plena responsabilidad de quienes han dirigido esta sociedad durante décadas, aportando a las concepciones individualistas y egoístas que sostienen y fomentan el modo de producción capitalista, en contraposición con la necesaria e imprescindible fraternidad humana.
Son estos mismos sujetos los que, por un lado, protestan por la “inseguridad” y por otro son capaces de actuar como jauría enfurecida sobre la humanidad de otro individuo moliendo y hasta matando a golpes sólo porque “alguien dijo” que había cometido un delito, estos son actos de salvajismo puro a los que nos ha llevado este sistema capitalista. Son ellos, aunque resulte una obviedad, son ellos quienes cometen el delito de homicidio calificado y deben responder ante la justicia por esto.
Los “linchamientos” son acciones que toman a pequeñxs ladrones, o sospechosxs  de serlo, en chivos expiatorios de todos los males. Y no se trata aquí de desconocer el avance de la inseguridad, pero sí rechazar que la forma de combatirla sea con una escalada aún mayor de violencia. La inseguridad no es responsabilidad de quien sale a robar, hombres y mujeres, que así como algunos nacen en cuna de oro, a ellxs les tocó nacer sin cuna, sin educación, sin asistencia médica, sin un plato de comida, pasando frío y calor, con los lazos sociales rotos, destruidos –entendemos que esta es la verdadera inseguridad–.
La respuesta que dieron los sectores de poder, en medio de una marea mediática y justificadora, dejo un claro mensaje, si bien con algunos matices, hacía un mayor endurecimiento represivo. Esto se materializó en el anuncio de Scioli de declarar la “emergencia en materia de seguridad”, apuntando a la profundización del estado policial de la mano de la nefasta Policía Bonaerense. La reincorporación de unos 15 mil agentes retirados –que se sumarán a los 60 mil actuales– y la compra de armamento por 600 millones de pesos, tienen como único fin dar una respuesta demagógica a la supuesta demanda popular por “seguridad”, se vislumbró incluso la posibilidad de prohibir a lxs acompañantes en motos de baja cilindrada en lugares céntricos.
Entonces la principal política para responder a los problemas relacionados con la seguridad ciudadana es la de encarcelar personas, pero no a cualquier persona sino a aquellas que responden a un estereotipo (el de ser jóvenes y pobres) y que cometen cierto tipo de delitos (delitos contra la propiedad), la mayoría de las cuales (más del 50%) se encuentran amparadas por el principio constitucional de inocencia y bajo el régimen de la prisión preventiva.
Todo eso apunta más al control y al disciplinamiento social que a la prevención del delito. Contrariamente a lo que nos intentan hacer creer el Estado está hoy más presente que nunca, desde 1983, en materia represiva. Según CORREPI, durante la gestión kirchnerista, con la militarización de los barrios a través de gendarmería, prefectura y las policías, se produjeron 2.400 fusilamientos de gatillo fácil sobre un total de 4.100 desde 1983; hubo 67 desapariciones forzadas; creció exponencialmente la población carcelaria (dentro de esta el 80% de lxs presxs permanece sin condena). La represión a los conflictos obreros eclosionó: miles de causas judiciales contra luchadorxs, condena a perpetua de los trabajadores de Las Heras, 21 asesinadxs en movilizaciones y protestas, presxs políticxs como los de Corral de Bustos y Quebracho, la sanción de siete leyes antiterroristas, la sustitución de la tradición de asilo político por la compulsiva extradición de refugiados como lxs campesinxs paraguayxs y el reciente proyecto de ley de “convivencia en las manifestaciones sociales” impulsado para limitar y controlar el derecho a la protesta. Este último proyecto, aplaudido por los sectores de la oposición más reaccionaria como el Macrismo y el Massismo, avanza aún más en la criminalización de la protesta social; intenta limitar las protestas tildándolas de ilegitimas en caso de que impidan el tránsito o  bien afecten un derecho esencial, habilitando en tal caso el uso de las fuerzas represivas para impedirlas.
Porque estas medidas están destinadas de ante mano al fracaso y parecieran tener como único objetivo la proyección electoral de quienes las impulsan, creemos necesarios ser categóricos en el repudio de estos hechos de aumento de mano dura –desde los linchamientos hasta la emergencia en seguridad dictada por Scioli y el proyecto de ley que comentamos. Estos no son “justicia”, no atacan las causas estructurales y condenan brutalmente a quienes son más víctimas que victimarios de este sistema social. Por el contrario, entendemos que con mayor fuerza debemos organizarnos para reclamar por trabajo, salud, educación, vivienda, y el reparto de la riqueza. Debemos tomar en nuestras manos la construcción cotidiana de otro mundo posible, en las calles, en los barrios, en las escuelas, en las universidades, como venimos haciendo desde hace muchos años desde las organizaciones populares.

 

1er COMUNICADO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL Por Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega

El Anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por una comisión integrada por juristas especializadxs en la materia y representantes de distintas fuerzas políticas “tradicionales” del país, tomó estado público y generó un debate en amplios sectores de la sociedad, principalmente de la clase media.

Se alega que esta reforma persigue la finalidad de reunificar todas las normas penales en un solo texto y ordenar el código vigente (que es de 1921 y desde entonces tuvo unas 900 modificaciones parciales que afectaron su coherencia). Este propósito resulta legítimo, pero entendemos necesario expresarnos sobre algunas cuestiones que plantea el anteproyecto –y otras que deja de plantear–, por lo que realizaremos comunicados periódicos explicando y haciendo pública nuestra posición co
mo colectivo de abogadxs populares sobre: los nuevos delitos que plantea el anteproyecto, qué implica la propuesta de implementar penas alternativas en reemplazo de aquellas de ejecución condicional, realizando un análisis integro desde las implicancias en la cuestión de género, y, finalmente, destacando otros aspectos generales contenidos en la propuesta.

En primer lugar entendemos necesario explayarnos en las propuestas de modificación de las penas del anteproyecto, ya que este aspecto fue motivo de una fuerte campaña por parte de sectores políticos conservadores y receptivos de la teoría de “mano dura”, quienes con eslóganes simplistas y falsos sostienen que el anteproyecto “beneficia a lxs delincuentes”, y aseguran que se producirá una liberación masiva de personas privadas de su libertad. Estas circunstancias generaron miedo y rechazo en determinados sectores sociales y, sumadas al fogoneo mediático, entendemos contribuyó al fenómeno que se dio a conocer como “linchamientos”.

Por  todo esto debemos ser clarxs respecto a qué viene a proponer el anteproyecto,  que fija el mínimo de las penas en expectativa en seis meses y el máximo en treinta años (esta última prevista para el que se supone que es el más grave de los delitos, el Genocidio, teniendo como base los parámetros establecidos con la implementación del Estatuto de Roma, ley 26.200, promulgada el 5 de enero de 2007). Es decir se vuelve a los límites tradicionales de la pena de prisión, que habían sido alterados por las reformas inconsultas sancionadas bajo la presión de una campaña mediática sin precedentes cuyo punto más alto fue la llamada reforma Blumberg, que llegó al extremo de dejar totalmente incierta la cuantía de la pena máxima de privación de libertad. Respecto de la denominada pena de “prisión perpetua” cabe aclarar que ésta nunca lo ha sido en sentido estricto, e incluso ha traído aparejado problemas de responsabilidad del Estado en la jurisdicción internacional.

Desde la Comisión que formula el anteproyecto se sostiene que no se ha optado por ninguna regla general de mayor o menor punibilidad, sino que se propone disminuir o aumentar las escalas penales en la medida necesaria para evitar contradicciones axiológicas graves, tomando como parámetro general y orientador para el resto, el de la vida humana. En este sentido toda pena implica dolor, pero este no puede perder su proporcionalidad con la lesión y la culpabilidad. De conformidad con tal tesitura, nos parece acertado la adopción de los principios de humanidad y proporcionalidad en la graduación de la pena, y que se haya propuesto un aumento para los delitos contra la administración pública, los denominados delitos informáticos y ecológicos, entre otros.

Ahora bien, sin perjuicio de ello y contrariamente al discurso elaborado por sectores de derecha, creemos que la incidencia inmediata de la implementación del nuevo código no tendría repercusiones respecto del castigo a lxs mismxs de siempre. De hecho incluso se aumenta el mínimo de la pena para quienes hurten o roben de uno a seis meses. Y decimos esto porque las cárceles están repletas de personas acusadas de cometer delitos contra la propiedad.

No podemos pensar aisladamente las ventajas y desventajas de reformar el Código Penal sin atender a las políticas públicas en un sentido más amplio. Desde este lugar debemos rechazar rotundamente el anuncio de Scioli respecto de la emergencia en seguridad, que es la misma respuesta “oportunista” de siempre, que se traduce en sostener que la principal política para responder a los problemas relacionados con la seguridad ciudadana es la de encarcelar individuos, pero no  cualquier individuo sino a aquellos que responden a un estereotipo (el de ser jóvenes y pobres), que cometen cierto tipo de delitos y no otros (delitos contra la propiedad), y que en la mayoría de los casos (más del 50% de la población carcelaria) se encuentran detenidxs bajo el régimen de prisión preventiva, es decir sin sentencia firme y amparados por el principio constitucional de inocencia.[1]

No podemos dejar de advertir que este plan de seguridad se da en un contexto de alza creciente de la tasa prisionización. Tanto es así que se ha regresado a políticas de Estado anteriores al que fue conocido como “fallo Vertbysky” y que considerábamos era una etapa superada. Sin embargo la realidad indica que las cárceles provinciales y las alcaidías departamentales están nuevamente sobrepobladas, y esto ha hecho que se vuelvan a alojar personas en comisarías. A modo de ejemplo podemos decir que en la comisaria 2da de La Plata se encuentran alojadas 22 personas con tan solo 9 camas y 10 colchones[2]. Las condiciones de vida en las dependencias policiales resultan absolutamente denigrantes para cualquier ser humano, y es en este contexto, que debemos situar el debate de la reforma del Código Penal y del plan de Seguridad de Scioli.

Por todo lo dicho, entendemos que la discusión del anteproyecto tiene que darse en su justa medida, discutiendo aspectos técnicos que mejoren la aplicación del derecho, pero sin desconocer que éste es una la principal herramienta con que cuenta el estado para llevar adelante su política criminal. Esta no puede limitarse a la adopción o no de un nuevo código que, como vimos, en lo sustancial no mejora la situación respecto de su aplicación con aquellos sectores mayoritariamente reprimidos, encarcelados, y criminalizados, a los que el Estado sigue penando sin brindarle ninguna otra solución de fondo.



[1] http://www.mpba.gov.ar/web/contenido/Informe%20RUD%202012.pdf
[2] Dato actualizado abril 2014.

a 1 año de la inundación del 2 de abril NO OLVIDAMOS!!!


En la inundación del 2 de abril del año pasado aprendimos que lxs Gobernantes son capaces de esconder hasta lxs muertxs, de jugar con las desesperaciones más elementales de cualquier ser humano, que son tan sinvergüenzas como para echarle la culpa a la lluvia y que no tienen ni la más mínima intención de ponerle freno a la voracidad de las inmobiliarias y constructoras, si no todo lo contrario.
Sin embargo, y tan importante como lo anterior, también aprendimos que el único lazo duradero y que tiene la potencialidad de mejorar nuestras condiciones de vida es aquel que viene de la solidaridad, la organización y la lucha.

Solidaridad porque cuando perdimos todo, no faltó vecino ni vecina dispuesta a dar una mano. Porque para volver a levantar nuestras casas, juntar nuestros recuerdos, recuperar nuestra ropa, conseguir algo para comer, había una sola forma de obtenerlo que era organizándose solidariamente con quien teníamos al lado.
Por eso hablamos de organización. Porque cuando no había ni funcionario del Estado ni puntero de barrio que pudiera dar respuesta, la dimos las organizaciones sociales, políticas, culturales, barriales, estudiantiles que desde hace años venimos construyendo desde abajo en busca de un futuro diferente.
Y decimos lucha, porque si no salíamos a la calle a reclamar por lo nuestro, no hubiéramos conseguido nada. Ni un colchón, ni unas chapas, ni madera, ni subsidios, ni nada. Los Gobernantes jamás tuvieron como primera preocupación la asistencia a los vecinos y vecinas, estuvieron desde un primer momento mirando a las cámaras, intentando zafar de sus responsabilidades, y haciendo lo imposible por mantener el hermetismo con la cantidad de muertos y afectados. 



seguimos exigiendo

-Esclarecimiento del número de muertes por la inundación.
-Juicio y castigo a lxs responsables de la planificación urbana de la ciudad y de no haber realizado las correspondientes obras hidráulicas.
-Indemnización ya a lxs afectadxs (la mayoría de lxs cuales no pudo ni siquiera acceder a un crédito).
-Realización ya de las obras hidráulicas prometidas.
-Vivienda digna para todos y todas!



Bruera (el intendente de La Plata) pretende poner el acento en responsabilizar a Dardo Rocha sobre las inundaciones, quien un siglo atrás no podía anticipar los avatares climáticos ni la contaminación ambiental, sin embargo Bruera, un visionario de la especulación económica, pretende sacarle el jugo a la ciudad  con el desarrollo inmobiliario exprimiendo al máximo el conglomerado urbano. Desde La Ciega, junto a muchas organizaciones y vecinxs, Intentamos ponerle un freno judicial ante tanta andanza mal habida sobre la legislación platense. En esta nota les presentamos un breve repaso por la historia de la “ciudad soñada”, y por lo que sucedió desde que Bruera asumió el poder en la ciudad, con su  política de urbanismo a cualquier precio en beneficio de Building, Dacal, Credil, Moragues, y otros. Al final proponemos algunas líneas para pensar los desafíos actuales.



por el Colectivo de abogadxs Populares La Ciega


LA PLATA: NOS TAPO EL AGUA Y LA CORRUPCIÓN 
MAYO 2013

I. A modo de introducción

 Partimos este análisis de la siguiente premisa: a pesar de la gran cantidad de lluvia caída el 2 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata, la catástrofe no habría ocurrido sino hubiera sido por diversos factores humanos de los cuales existe responsabilidad de las diferentes intendencias (Alak y principalmente Bruera), así como también por la complicidad del gobernador provincial en la ratificación del COU y del gobierno nacional, omitiendo la protección de la ciudad que debe ser protegida por haber sido declarada patrimonio nacional. En igual sentido, no debemos omitir responsabilidad a las grandes empresas constructoras que se han enriquecido en estos años en detrimento de la ciudad: Building, las Dacal, Credil, Moragues, etc., son responsables de la tragedia, como así también las empresas que desarrollan emprendimientos de barrios cerrados. Todas sus acciones de enriquecimiento ilícito (destruyendo una ciudad protegida por normativa nacional, aprobando códigos urbanos entre gallos y medianoches en departamentos cerrados y sin los procedimientos estipulados) en los últimos 20 años tuvieron incidencia directa en la inundación, por lo que deben ser repudiadas por el pueblo platense, a través de sus organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, y de todos los vecinos y vecinas. Luego de consultar a especialistas podemos afirmar que, a pesar de la cantidad de agua que cayó, la inundación no se habría producido de haber sucedido en 1970 o 1990, porque habrían funcionado las infraestructuras de desagüe urbano, entre ellas el propio suelo verde quitado en estos años para el avance edilicio. También existe responsabilidad de la Universidad Nacional de La Plata en no rechazar categóricamente el COU al ser interpelada por las organizaciones sociales, como así también de la SCJBA y del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata en permitir su continuidad a pesar de las acciones presentadas. La necesidad de no incorporar más edificios, cemento ni mayor densidad humana son imprescindibles junto con la realización inmediata de las debidas infraestructuras hidráulicas necesarias para el nuevo escenario urbano

II. La Historia urbana, política y social de La Plata.

La historia de la ciudad de La Plata es una historia capital. Su nacimiento tiene que ver con la república oligárquica constituida luego del triunfo de la metrópolis porteña contra el proyecto de un país descentralizado, siendo creada La Plata para reemplazar a la ciudad de Buenos Aires como capital del territorio que centraba las haciendas bonaerenses, y cediendo el territorio porteño para que allí se constituya la capital de un país, el único lugar donde Dios iba a atender sus asuntos, además de las finanzas nacionales y la aduana. La aristocracia agraria y ”modernizadora”, mientras mejoraba y profundizaba la generación de enormes ganancias sobre las pampas sin generar por esto una economía pujante, pudo constituir uno de los proyectos más singulares y creativos a nivel urbanístico en la historia de la humanidad, proyectándose así La Plata, ciudad Capital de la provincia de Buenos Aires.
Se emplaza así otra orgullosa excepción a la dinámica urbana, otra de las pocas ciudades ideadas previamente a su constitución. Se barajaron para esto diferentes lugares de instalación, diversos proyectos, diversos autores. El sitio se pensaba incluso desde lo geopolítico: más al sur, mayor descentralización; más cerca de Buenos Aires mayor posibilidad de competencia por su puerto. Ningún detalle podía ser dejado al azar. Sus masones creadores intelectuales, se enrolaban en logias y despreciaban la aristocracia y la religiosidad de la burguesía parasita. Sus creadores materiales, obreros inmigrantes, fueron dejados afuera del acto de inauguración de la ciudad allá por noviembre de 1882.
Así nace la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, con un trazado único y excepcional. Un centro geográfico desde donde salían dos diagonales que atravesaban la ciudad de punta a punta, avenidas y plazas cada seis cuadras, calles con números y no con supuestos héroes nacionales, edificios con diversos símbolos ocultos y anticlericales, una circunvalación que separaba el sector urbano del sector de quintas, pensándose como autosustentable en relación a las chacras que allí podrían instalarse, un sistema de transporte publico ágil y moderno. Se construyó un enorme puerto y se instalaron diques que permitían comunicación fluvial y desagotes rápidos y eficientes.  Desde la infraestructura también fue sumamente novedosa, esta nueva ciudad contó con la primera instalación eléctrica del país, el primer servicio de agua potable, en su rol capital de un vasto territorio, se instalaron vías férreas que la interconectaban con toda la provincia y con capital federal (el primer tren allá por 1882 tardo 50 minutos en llegar). También fue sumamente novedosa la concepción higienicista, que hoy llamamos sustentable o respetuosa del medio ambiente, instalada desde la matriz de la ciudad. La luz solar era sumamente importante que se metiera en veredas, calles y casas. Las anchas aceras y numerosos bulevares se ofrecían como lugar de socialización y esparcimiento, las amplias plazas y parques cumplían un rol central, junto con un frondoso bosque; numerosas especies arbóreas se plantaron aquí y allá. Para este proyecto de ciudad se proyectaron viviendas de baja altura, y los servicios públicos fueron de avanzada en ese sentido, aunque 100 años después se hayan sobrecargado (desde 1886 primer servicio público eléctrico de América del Sur, desde 1887 servicio de telefonía y telegrafía, desde 1885 servicio público de transporte y primer tranvía eléctrico latinoamericano, entre otros).
La ciudad capital se constituía así como la nueva joya urbanística argentina, lo que también desde su nacimiento le costó el maleficio de los porteños, quienes competirían durante todo el siglo para que su puerto –y sus regalías- no pudieran hacerle sombra a Su Puerto, el que los hace Porteños, produce parásitos y los transforma en privilegiados.
Pasaron aproximadamente 100 años en los que La Plata, con algún que otro desvío, pudo mantener su espíritu de ciudad ambiental, a escala humana, que priorizaba la calidad de vida de sus habitantes. En el medio podemos nombrar algunos hitos que demuestran también la ceguera de quienes gobernaron La Plata en la centuria pasada. La separación de Berisso y Ensenada para que en la capital provincial no ganara “la chusma” obrera, la demolición total y reemplazo luego del incendio parcial del Teatro Argentino, de diversos “petit hotel” de alto valor histórico derrumbados, la desactivación de los talleres ferroviarios de Tolosa, y Los Hornos, la desaparición de un medio de transporte ágil, silencioso y eficiente como el tranvía y la cancelación de los trenes que la unían con diversos puntos de la provincia. De esto fueron responsables intendentes, gobernantes nacionales y provinciales. Mientras asumían la represión interna y el vaciamiento, se entregaba el país al poder financiero internacional. Se avanza entre otras cuestiones en una paulatina desactivación de las vías férreas para reemplazarlas por el transporte motorizado por el petróleo y sus industrias relacionadas desde la década del 1950 lo que impacto en el tendido ferroviario platense y bonaerense en general.

III. La Plata, botín redituable de las grandes empresas constructoras y de los intendentes

Si bien ya existían indicios del nacimiento en nuestra ciudad nueva “arquitectura moderna” sumamente pragmática y especuladora reduciendo patrones mínimos de “convivencia espacial”, el momento en que se produce la ruptura, “el quiebre” de La Plata que comienza a verse como un “botín” de las empresas constructoras se inicia con el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, devenido en kirchnerista, Julio Alak (quien fuera intendente de la La Plata), y se profundizó ampliamente con el a veces kirchnerista Pablo Bruera. La patota de la torre y la piqueta comenzó a ver la potencialidad de la ciudad, nuestra ciudad (de todos y de todas los/as habitantes) de La Plata, como una inversión sin riesgo, lo que se potenció con la autopista y su rápidos accesos a Capital Federal. El negocio era simple y “redondo” para quedarse con la plusvalía urbana, si se tiene una ciudad con diversos servicios ya instalados, con altos estándares de calidad de vida, con amplios parques y pulmones de manzana, con buena circulación, pueden proyectar tirar casas abajo, y donde vive una familia, pueden vivir 20, 40, 60….sin considerar el soporte necesario de infraestructuras sanitarias; agua potables, desagües, energías, espacios públicos utilizables para recrearse, transitar o estacionar, mas obras de equipamiento urbano; escuelas, jardines, guarderías, etc. ¿Y el impacto que esto debe generar en circulación de masas de gente, transporte colectivo, estacionamiento? ¡A quien le importa eso?!
Y la ciudad deja de pensarse como una construcción humana colectiva y diversa, sus lógicas son fuertemente orientadas por la ganancia, por el capital de la hormigocracia. Y allí entraron a jugar los otros culpables de esta tragedia, los Building, los Credil, los Dacal, Moragues; el diario el Día, inversor de estas empresas y actor central en este negocio. En la ciudad empiezan a emerger las inmobiliarias y las empresas constructoras, los barrios cerrados y los clubes de campo, los fastuosos estadios en terrenos públicos (un ejemplo es el Estadio Único, tan lleno de cemento impermeable que hasta tiene césped móvil); se extienden los automóviles, los estacionamientos privados y los medidos, y desaparecen las posibilidades de vivienda digna y del goce del espacio público, los planes públicos de vivienda, las ramblas, los espacios verdes, el cielo, el sol. Se construyeron 2 millones de metros cuadrados, se pasó de 250 a 1200 habitantes por hectárea, ¿eso no es una conducta dolosa y que convoca a la tragedia? Y mas aún si se lo hace sin el mínimo acompañamiento de infraestructuras. La ganancia obscena como sepulturera, la muerte convocada para hacerse el gran banquete. Socialización del espacio urbano o barbarie.
Y La Plata ocupó el rol de ciudad capital, del capital fácil, del capital especulativo, de la ganancia sencilla; de la burguesía parasitaria, no debiéndole envidiar nada a los que dejan reposar las vacas, aquí dejan reposar su dinero y sus sobornos, construyendo  edificios y destruyendo el medio. Como señala Marx, en el capitalismo todo se transforma en mercancía. Si los seres humanos somos mercancía, como no lo va a ser un objeto inanimado (al menos desde la perspectiva de los especuladores) como una ciudad. ¿Identidad ciudadana? ¡¿Qué…..?! ¿Qué ciudad con historia ni ciudad con historia ni que ocho cuartos? ¡Dinero! ¡Poder Político! Ambición, capitalismo, destrucción. ¡Julio! ¡Agosto! Abril…[2]
El lucro empresario ya se había llevado vidas, vidas de obreros que en el afán empresarial y en la complicidad de las burocracias sindicales son parte del negocio, de vecinos que eran víctimas de derrumbes y desmoronamientos. Y aquellos que ven solo mercancía, asimismo borran lo que la ciudad constituye en las personas, en la calidad de vida, en la identidad, en los recuerdos. Eso no cuenta para los especuladores, ellos quieren ganancia, más y más ganancia. Pero la cara más trágica del afán especulativo fue mostrada por la inundación de abril, que se llevó más de 52 vidas y numerosas desapariciones. Y a pesar de la catástrofe, cuando pase de las tapas de los diarios este tema, seguirán construyendo más edificios, más monstruos de cemento, para seguir consiguiendo ganancia fácil a costa de la ciudad y de sus mayorías.

IV. El COU y otras ayuditas estatales a la catástrofe

El negocio inmobiliario pegó un salto astronómico en la gestión Bruera, quien llegó sin apoyo político y negocio la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (en adelante COU) a cambio de 30 millones de pesos para financiar su campaña política de 2009. La modificación del COU se proyectó no en el Consejo Deliberante sino en departamentos privados de estas empresas. Los planos de la reforma no se conocieron hasta un día antes de una aprobación que fue convocada con otro temario y con la cínica excusa de que beneficiaría a los sectores postergados, esto ya que se permitió construir el lote social en zonas inundables, con medidas mínimas infames, sin obligación de infraestructura básica, trasgrediendo el Decreto-Ley provincial 8912/77. En fin, un gran negocio ilegal reproductor de la “No ciudad” o ciudad informal o marginalidad urbana o como queramos llamarle al arrasamiento que vemos día tras día, y a la condena de las mayorías a vivir en lugares inhabitables y en condiciones insalubres.
Por otra parte, el negocio de los barrios cerrados (prohibidos en toda el área urbana de Rosario en 2010[3]) también tiene un peso importante en la catástrofe. Estos proyectos excluyentes,  antidemocráticos y aprobados a las sombras del estado de derecho[4] son privilegiados en el direccionamiento de servicios públicos para minorías en detrimento de las mayorías (Ruta 25 en el GBA uniendo Pilar y Escobar, por ejemplo). Muchos de los lotes que utilizan estas empresas fueron realizados en negocios irregulares en los `90, o comprados a precios irrisorios en loteos rurales que luego con un Decreto aprobando cambios de zonificación a zona urbana cotizan a valores extraordinarios, o “rastreados” judicialmente a efectos de lograr un rentable pasaje de dominio. En diversas oportunidades van acompañados de inmediatas obras de acceso e infraestructura que “casualmente” sí se realizanLas formas de habilitación de planos y la tercerización de los controles, también posibilitan negocios fraudulentos. Estos barrios de la elite que destruyen la trama urbana y las vías de transporte, suelen aprovecharmediante contactos, aquellos terrenos más elevados mientras que dejan para las grandes mayorías el hacinamiento, la falta de infraestructura y los terrenos inundables. La construcción en estos terrenos bajos fue permitida de manera inefable también por el nuevo COU.
Otras obras u omisiones del Estado también tuvieron incidencia en la inundación. La construcción de la autopista o la ejecución de viviendas en cursos de agua como en 146 y 52 de Los Hornos, la mala gestión de residuos como los encontrados en el Arroyo El Gato; automóviles, neumáticos en desuso, etc;  las cuales funcionan como una barrera artificial para el escurrimiento del agua hacia el rio. También la falta de obras de infraestructura hídrica fueron determinantes, siendo que la Facultad de Ingeniería de la UNLP había advertido, mediante informes de viabilidad del proyecto, a la Municipalidad de La Plata en 2004 y 2007 sobre la posibilidad de la catástrofe, pudiendo entrever la responsabilidad penal por estrago doloso de los funcionarios (por el intendente y quienes dieron su visto bueno al COU). Las fuertes inundaciones de los años 2002, 2005, 2008, 2010. La construcción del Estado Único que se llevó adelante sin haberse dado a conocer públicamente si existían estudios previos de impacto ambiental, también habría tenido incidencia. La alta edificación del suelo del bosque platense que la Universidad acelero en los últimos años quita no solo espacio público para ser disfrutado por la comunidad, sino también espacio verde absorbente, lo mismo que los grandes estadios y el incumplimiento de relocalización de obras provinciales del Paseo del Bosque (Estadio del Club Estudiantes de La Plata, Policía Científica, Galpones sobre calle 1 y 115, etc.).
Por su parte, fueron determinantes la falta de obras de saneamiento en el principal arroyo de la ciudad “El Gato”  y en otros secundarios como el arroyo “Maldonado”. En ese sentido, hay que señalar que del fideicomiso creado para sanearlo por el gobierno nacional en el año 2006 sus recursos fueron desviados irregularmente por De Vido (Ministro de Planificación) y José López (Obras Publicas).

V. La resistencia de la sociedad y el pueblo organizados.

www.realpolitik.com.ar/nota.asp?id=4212
Al momento de la modificación del COU, en abril de 2010, vecinos y vecinas de diferentes puntos de la ciudad habían comenzado a unificar sus rechazos ante la destrucción que se estaba realizando sobre la ciudad. Profesionales, estudiantes, trabajadores, artistas, constituyeron un frente de acción que tomó el nombre de Defendamos La Plata, donde participamos desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega.  
Se comenzaron a realizar diversos documentos de insumo para conocer y evaluar de manera multidisciplinaria la destrucción que se estaba llevando a cabo. Se realizaron manifestaciones, escraches (por ejemplo, en el acto municipal del 25 de mayo de 2010 donde fuimos intimidados/as por patotas del Bruerismo) y abrazos de protesta a casas monumentales prontas a demoler. Asimismo, se llevo la discusión a los colegios de profesionales y a las facultades, se masificó la protesta en los medios de comunicación y en las redes sociales. A pesar de que estas instituciones hoy digan sorprenderse de la trágica inundación, en su momento, invitados a participar en las acciones que supusieran la suspensión del COU, le quitaron trascendencia a la resistencia social. No es de extrañar que, en este negocio, los grandes estudios profesionales u oficinas estatales de control también tengan su porción de torta, y responsabilidad por lo sucedido.
En ese marco desde La Ciega se presentó una acción legal en el ámbito federal, encontrando su primer resistencia por parte del Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez subrogante José Luis Deglau. La competencia federal fue rechazada en primera instancia y luego acogida por la sala III de la Cámara de Apelaciones.
Posteriormente el Juzgado de Primera Instancia, compelido por la Cámara, hace lugar a 3 medidas cautelares de un pedido mucho mayor. Estas fueron: la suspensión de edificios protegidos por listado 1579/06 y aquellas anteriores a 1930 dándole intervención a la Comisión Nacional de Museos; la inhabilitación de entregas de nuevos permisos de obra; y la suspensión de modificación en espacios verdes públicos (como achicamiento de ramblas o uso indebido de plazas). Sobre aquellos puntos denegados se apeló por parte de la accionante exigiendo el resto de los puntos solicitados.
En el pedido de la acción federal aceptado de manera parcial y acotada (resolución apelada para requerir la aplicación de todos los puntos) se requería la nulidad del COU, la suspensión de obras mayores a 3 pisos de altura y la modificación de viviendas de alto valor patrimonial, la prohibición de modificar los espacios verdes de la ciudad, entre otras cuestiones.
En esta acción judicial se planteaba que “intereses espurios han logrado abusar de la norma que ya los beneficiaba –en referencia al código de Alak-, construyendo aún más que lo permitido. Que sin conformarse lograron de manera oculta sancionar una norma que profundiza en perjuicio a la identidad histórica y al medio ambiente. Que a partir de ese momento incluso se comenzaron a tirar abajo viviendas que se encontraban protegidas por normativa diversa, a un ritmo vertiginoso, sabiendo que se preparaban acciones legales para detener esto y apurándose para esquivarlas, amparándose en el alto poder económico que han logrado con esta actividad depredatoria.” Se requirió en ese momento que a futuro se recompusieran los daños causados a la ciudad por esta actividad especulativa inmobiliaria para que recuperara las características que tenía en el año 1999, cuando es declarada patrimonio nacional.
Para esta acción se tomaba como referencia el Decreto- Ley Nacional 1308/99, que declaraba a La Plata como  Patrimonio Histórico Nacional, protegido así también por la legislación internacional de la Unesco sobre preservación de patrimonio cultural, que considera protegidos aquellos bienes culturales aun cuando no hayan sido incorporados taxativamente (por lo que La Plata no logra ser protegida por la UNESCO porque este organismo, allá por 1995, considero que no existían planes de conservación). Se planteaba que el estado nacional era el encargado de garantizar la protección del patrimonio ante la comunidad internacional, como así también la imposibilidad de que exista regresión en materia de derechos humanos ambientales (densidad de habitantes, menor cantidad de espacios verdes por habitante, derecho al patrimonio, a una vida saludable, el derecho a la identidad común, etc.). Esta acción tuvo el apoyo de ONG´s reconocidas en la materia, entre ellas la CEPA dirigida por el arquitecto Rubén Pesci, por el decano de Arquitectura de la UNLP y diversos sectores o barrios perjudicados.  
Por otra parte se presentó una acción ante la jurisdicción local, con una acción de inconstitucionalidad originaria ante la Suprema Corte de Justicia. Se planteaba aquí la violación a los derechos ambientales y patrimoniales garantizados por la constitución provincial, la falta de adecuación con la ley del suelo provincial; se describía con exhaustiva prueba la falta de evaluación del estudio de impacto ambiental, la ausencia de obras de infraestructura, de órganos de participación ciudadana, se planteaba el aumento en el índice FOT y FOS, los cuales tienen relación con la posibilidad de mayor construcción en los terrenos, cuestión que en la inundación tuvo una incidencia negativa ya que disminuyo el área con tierra que antes ocupaban las casas y ahora son cemento de edificios, impidiendo un mayor escurrimiento del agua. Así, se solicitaba declarar la inconstitucionalidad del COU, la abstención de autorizar permisos de obras y demolición.

VI. La complicidad de los actores judiciales y de la UOCRA

En el transcurso de estas acciones se obtuvieron triunfos parciales y más o menos permanentes. La acción judicial en el ámbito federal referida obtuvo, luego de duras batallas, los puntos reseñados.
La acción provincial ordenó la suspensión provisoria del COU, pero ante la presión y lobby del Diario El Día, de las empresas constructoras, la poderosa  Cámara Argentina de la Construcción, la dubitativa y a veces cómplice conducta de los  Colegios de Arquitectos e Ingenieros, como así también de la burocrática UOCRA (con cortes de calle para proteger los intereses de sus patrones, fogueados por la misma concejal Valeria Amendolara), la SCJBA demostró que les interesa más el derecho a la propiedad de unos pocos antes que los derechos comunes de la población, a la identidad, al ambiente, a la cultura. Así, dictó un fallo sumamente benévolo para las empresas y la Municipalidad, restringiendo mínimamente ante algunos puntos. Sin duda existe responsabilidad también de la SCJBA en la tragedia.
A los activistas agrupados en Defendamos La Plata, la experiencia en esta luchas nos demostró, en rasgos generales, grandes enseñanzas y confianza en la organización propia. En el proceso se vislumbro la necesidad de confiar en las fuerzas sociales activas y no en las promesas de funcionarios funcionales, se confirmó la evidente y perversa decisión de NO planificar la ciudad y su crecimiento, como así también la falta de compromiso de las empresas de servicios públicos y la ausencia del estado provincial en cuestiones vitales. Fue un acierto entrar a los juzgados y salir a la calle, pudiendo reconstruir un espacio con una lógica propia, que pudiera desarrollar con argumentos técnicos y políticos el rumbo caótico que estaba tomando la ciudad. Le demostramos a Bruera y su sequito (incluida su patota) que íbamos a dar pelea. Así también, pudimos conocer las limitaciones de nuestro espacio. A diferencia de los vecinos capitalinos de Basta de Demoler, o de la más reciente Asamblea en Defensa de lo Público, quedo evidenciado que sin mecanismos de acción directa que ejerzan presión en el corazón del poder político pueden más los intereses millonarios, siendo que la presión se hubiera multiplicado con medidas de lucha directas. Las instituciones de la republica suelen proteger, en la mayoría de los casos, no a aquellos que tienen más razón, sino a los que tienen más dinero. Durante la vigencia de la medida cautelar ante la SCJBA, el líder de la UOCRA platense Pata Medina realizo acciones directas durante varias jornadas, las empresas (incluido el diario El Día) incrementaron el lobby. Nuestra confianza en el Poder Judicial se desvanecía ante los ojos de estos funcionarios, por lo que se imponía también tomar las calles.

VII. Los desafíos pendientes.

Foto: La Brecha La Plata
En los momentos de la inundación y posterior a ella, fue el pueblo organizado ante la desidia y las disputas entre diferentes sectores políticos quien dio respuesta a la tragedia. El gobierno nacional escatimaba la ayuda para sacar tajada de su disputa con Bruera, mientras militarizaba diferentes zonas urbanas, coaccionando a los vecinos en los sectores más postergados. Las organizaciones oficialistas “tomaban” y militarizaban la Universidad pública para repartir los materiales donados, impidiendo a quienes venían trabajando solidariamente continuar su trabajo si no era mediante la representación de esa organización política. La Municipalidad y la Provincia demostraron el vaciamiento del Estado, debiendo repartir lo que era donado por particulares.
Organizaciones políticas y sociales generamos puntos de recolección, clasificación y distribución de mercadería. Llegaban donaciones de todo el país. La tarea de muchos de nosotros se complementó con un corrimiento del asistencialismo, planteando la responsabilidad estatal y la necesidad de generar espacios de auto organización y exigencia al Estado. Se realizaron marchas y acciones exigiendo colchones, mercadería, subsidios. Se le hizo saber a Bruera y a los concejales que somos completamente conscientes que lo que paso no fue algo inesperado. Se tomó el Consejo Deliberante exigiendo la renuncia del nefasto Bruera. La toma de conciencia fue extendida y profunda. Las tareas actuales, entendemos, tienen que estar relacionadas con seguir estudiando las causales de la tragedia y las responsabilidades estatales y de las grandes empresas privadas.
Se debe exigir la anulación del COU, la elaboración de un gran diagnostico ambiental, la elaboración de un nuevo Plan Urbano Ambiental e inclusivo, un nuevo código normativo y de edificación, así como también la realización de obras públicas para que esto no vuelva a pasar, el impedimento de construir un metro más de cemento y de retornar a la ciudad con los parámetros de calidad de vida de décadas pasadas.
El desafío se presenta en poder conjugar la necesidad de requerimientos concretos al Estado (al cual podría sumarse exigencias de aportes a las grandes empresas privadas que se han beneficiado enormemente de manera ilegal en estos años) en materia de apoyo social con la necesidad de establecer las responsabilidades políticas. Resulta necesario madurar las condiciones de conciencia del pueblo, haciendo la operación inversa al facilismo de propiciar la apolítica y la no bandería. Al contrario, debemos generar espacios unitarios de acción, donde se puedan transitar los reclamos mayoritarios (renuncia de Bruera, responsabilidad provincial y nacional) en un amplio espíritu democrático y combativo, poniendo por delante los intereses comunes pero sin renunciar a las identidades políticas que cada grupo trabaja, confiando en las fuerzas vivas del pueblo. La apolítica es una forma de hacer política que posibilito el neoliberalismo, debemos combatirla de raíz, más frentes de acción conjunta, más solidaridad. Debemos procesar las diferencias. Debemos tomar lo nuestro por asalto.
Debemos retomar la calle, reconstruir el poder popular, y pensar aquellas tácticas más efectivas para coronar un renacimiento de una ciudad inclusiva y una capital para todos y todas.

La Plata ciudad capital. Capital de la armonía ambiental y la calidad de vida hace unos años. Capital de la especulación, la desidia, la renta inmobiliaria, la apropiación de lo público y de la ganancia fácil desde hace unos pocos. Capital de la muerte por no planificar, regular ni afrontar obras. Malvenidos a La Plata, ciudad capital.


EL DERECHO A HUELGA SE DEFIENDE. Análisis del fallo judicial que que pretende frenar el reclamo legítimo de los y las docentes por salario y condiciones laborales dignas.


Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, repudiamos el reciente fallo que -en virtud del amparo presentado por el Defensor del Pueblo de la Provincia Carlos Bonicato- ordenó el cese de la huelga de los trabajadores y trabajadoras docentes, dictado por el Juez en lo Contencioso Administrativo Terrier, un juez que es incompetente en este conflicto, que desconoce la jerarquía constitucional del derecho de huelga y su alcance normativo. Es así como, una medida que debería haber sido ordenada en la justicia laboral, es dictada pasando por alto el reconocimiento que tiene el derecho de huelga en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (art. 8 inc 1 d) y en el Protocolo de San Salvador (art. 8 inc. 1 b), desconociendo también su protección en la doctrina de la OIT -Organización Internacional del Trabajo- y del Comité de Libertad Sindical, que limita al derecho de Huelga (y con alcances muy estrictos) cuando se encuentra en peligro la vida, la seguridad y la salud de las personas, no contemplando esta restricción a los docentes. 

Es necesario aclarar firmemente que no hay en este caso “colisión de derechos”, sino que se intenta contraponer el derecho de huelga de los docentes frente al de la Educación, mientras que el único que no está respetando el derecho de los niños, niñas y adolescentes es el Estado. La huelga de los trabajadores docentes, no solamente tiene como fin una mejora salarial sino también una mejora en la calidad de la educación. 

Corresponde al Estado garantizar y cumplir con el derecho a la educación, pagando salarios dignos a sus trabajadores/as, así como también garantizar la realización de las obras de infraestructura necesarias.

Por otro lado, resulta descabellado ordenar el reinicio de la paritaria y al mismo tiempo cercenar a los trabajadores del derecho a recurrir a la huelga, generando una situación de desequilibrio en el poder de negociación en favor del Estado, por lo que forzaría a los trabajadores a aceptar migajas en lugar de un salario justo. Tampoco hay que perder de vista que se podría sentar un precedente judicial que, en el contexto actual de inflación y ajuste salarial, importará un perjuicio a todos/as los/as trabajadores/as al quitarles su herramienta de lucha por excelencia.

Es por esto que, desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega repudiamos este fallo violatorio del ejercicio de la libertad sindical, solidarizándonos con los docentes en esta valiente lucha que están dando contra un Estado que además de precarizar la vida pretende que el ajuste corra por cuenta de los/as docentes y de la gran masa de lxs trabajadorxs asalariados/as.

-Defendamos la escuela pública.
-No a la precarización de la vida.
-Libertad sindical y unidad en la lucha.
-Por la democracia sindical y de base.

Colectivo de Abogadxs Ppopulares La Ciega
en COB La Brecha.